3 de abril de 2019

EL BANCO DE ESPAÑA ALERTA SOBRE LAS PENSIONES



El Banco de España cree que el sistema de pensiones afronta un importante reto de sostenibilidad y que, si no se toman medidas ahora, “llegará una crisis y serán los socios europeos y los mercados financieros quienes nos obliguen a hacer una reforma”. Así de contundente se ha mostrado esta mañana Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del supervisor financiero.

Este alto cargo del Banco de España ha ofrecido su visión sobre la situación de las pensiones públicas durante un debate sectorial organizado por la gestora de fondos Fidentiis, en la Casa de México en España.

Arce ha explicado que el aumento de la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad ha provocado desequilibrios estructurales en la Seguridad Social.

Este especialista del Banco de España ha recordado que “de acuerdo con todas las previsiones” en 30 años se va a duplicar la tasa de dependencia -que mide la proporción de jubilados que hay en relación con los trabajadores activos-, por lo que insistió en la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera.

En cuanto a las soluciones, Arce ha apuntado que en los próximos años habrá que mejorar los ingresos y también “recalibrar el sistema por el lado de los gastos”.

No es la primera vez que un alto cargo de la Administración alerta de la insostenibilidad del modelo tal y como está configurado en la actualidad. La Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (Airef) advirtió recientemente que, si que si no se toman medidas para contener el gasto del sistema de pensiones y para cerrar el déficit estructural de las Administraciones, la deuda pública se dispararía por encima del 132% del Producto Interior Bruto en el entorno de 2048.

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El sistema de pensiones es “como el Titanic” porque, “si no se corrige el rumbo de la nave”, acabará chocando con un iceberg
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La insuficiencia financiera del sistema es cada vez más patente y las cuentas se deterioran año a año. Este ejercicio se espera que termine con un déficit de 18.500 millones de euros. La deuda de la Seguridad Social con el Estado cerrará 2019 por encima de los 56.000 millones de euros. En los próximos años, con la jubilación de la generación del baby boom, pasarán a cobrar una pensión cerca de 600.000 personas adicionales cada ejercicio.

Reparto de los costes

“Es fundamental que los beneficios del sistema y los costes se repartan de manera equitativa entre los beneficiarios de hoy del sistema y los del futuro”, ha enfatidado Arce, quien también ha pedido la introducción de automatismos que ajusten los gastos cuando caen los ingresos; un refuerzo la contributividad del sistema y una mayor transparencia y predicibilidad “para que la gente sepa a qué atenerse y pueda hacer una correcta planificación financiera”.

Según Arce, hay que tomar medidas ahora y no cuando llegue una crisis. “Se trata de arreglar el tejado antes de que empiece a llover”.

El director de Economía del supervisor financiero ha utilizado la metáfora del Titanic para explicar la situación del sistema de pensiones: “hay que corregir cuanto antes el rumbo de la nave”, para evitar que se choque contra el iceberg.

Entre las soluciones, Arce también apuntó la importancia de que el sector financiero innove para facilitar que las personas mayores puedan convertir su patrimonio inmobiliario en una renta. “España es un país con viudas que viven en pisos muy grandes pero tienen rentas muy pequeñas”.

Cada vez son más las voces que consideran que acabará siendo la Comisión Europea y los socios comunitarios quienes van a pedir al Gobierno español de turno que acometa reformas de calado en el sistema de pensiones. El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, aseguró hace pocos meses que en 2019 o 2020 Bruselas daría “un toque a España” por el imparable aumento de la deuda debido al gasto en pensiones.

Algunas fuentes del sector creen que la Comisión amonestará a España por el excesivo déficit del sistema de pensiones y la falta de medidas de ingresos podría llegar en la revisión presupuestaria del próximo mes.

18 de marzo de 2019

LOS PENSIONISTAS "PERDERÁN" EN UN AÑO LA MITAD DE LAS SUBIDAS DE 2018 Y 2019



9:00 - 16/03/2019

El adelanto electoral, la precipitada ruptura de las negociaciones del Pacto de Toledo y el revés del Gobierno socialista, incapaz de aunar consensos para rescatar en un real decreto-ley los principales acuerdos de las recomendaciones para la reforma de las pensiones, han instalado la incertidumbre de cara a la revalorización del próximo año. De hecho, a día de hoy y ante la falta de una norma que así lo regle la ley vigente para la revisión de las cuantías de las pagas es la del PP de 2013, por lo que la subida en 2020 volvería a ser del 0,25%, después de dos años con alzas del 1,7% (2018) y del 1,6% (2019). Esto provocaría de facto la pérdida de un 50% del poder adquisitivo conservado en los dos últimos ejercicios a partir del 1 de enero del próximo año.

Esta pérdida solo se produciría en el escenario actual, ante la falta de aprobación de unos Presupuestos que incluyan la revalorización para el próximo año -tal y como se incluía en el defenestrado proyecto de Cuentas del PSOE- y la caída de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que en su segundo punto propone reformar la ley de la Seguridad Social para vincular la subida anual de las pensiones a la evolución de la inflación (IPC) y que ante la falta de acuerdo no será votada en el Congreso. De hecho, cabe recordar que las subidas de 2018 y 2019 solo se han producido por el acuerdo presupuestario del PP y el PNV de abril del pasado ejercicio, que recogía esta partida de gasto con carácter bianual. Un gasto, que una vez consolidado en la Tesorería de la Seguridad Social asciende a los 1.500 millones de euros en 2018 y 2.591 millones en el presente año. Es decir un incremento acumulado de los costes cercano a los 4.100 millones de euros. Cifra similar al coste del mantenimiento del poder adquisitivo de todo el colectivo de los pensionistas en dos años.


Ahora bien, este mantenimiento del poder adquisitivo requeriría para el próximo año 2020 un incremento de las cuantías de las pensiones en la misma medida que el avance del IPC, que los organismos oficiales (Banco de España, BBVA Research, FMI) sitúan en el 1,7%. Esto quiere decir que ante una nómina anual de las pensiones contributivas que alcanza este ejercicio los 135.267 millones de euros, implicaría un incremento de la misma de 2.300 millones, hasta alcanzar los 137.567 millones.

Sin embargo, ante la falta de medidas que así lo reviertan, como se ha explicado, el próximo año se aplicaría el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) estipulado en la norma de 2013, que ajusta las subidas al mínimo del 0,25% en caso de déficit en la Seguridad Social, que en 2019 está previsto alcance los 18.650 millones de euros. En este sentido, la nómina se incrementaría en 338 millones de euros, por lo que el Estado ahorraría casi 2.000 millones (1,5%) en comparación a si elevase las cuantías con el IPC, lo que implicaría además una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en la misma cuantía. Es decir, casi un 50% del incremento de 4.100 millones experimentado en los dos últimos ejercicios.

Vuelve la subida de 2 euros

Dentro de este ejercicio de proyección, cabe destacar la diferencia de las subidas en los últimos años y las previsiones para el siguiente. De este modo y sobre la misma lógica de un incremento del 0,25 en lugar del 1,7% que correspondería, las pensiones de jubilación, de 1.131,86 euros de media, se verían revalorizadas en 2,8 euros el próximo año, en lugar de los 19 euros si la subida estuviese vinculada a la inflación, lo que refiere una pérdida de poder adquisitivo de 16 euros mensuales, es decir, 224 euros al año.

Caso similar es el que ocurre con las pensiones de viudedad, que se encuentras de media en los 708,26 euros mensuales, de modo que la subida que rige en estos momentos la dejaría en los 709,96 euros (+1,7 euros) en lugar de los 12 euros que se elevaría en consonancia con el IPC para solo mantener el poder adquisitivo, por lo que la pérdida de poder de compra es cercana a los 10 euros.

Misma situación se reproduce en los incrementos de la pensión de orfandad, que en el marco actual sería de 1 euro, hasta los 403,8 euros, en lugar de los 6,8 euros que corresponderían de ligar el alza al IPC. También la pensión de favor de familiares, que se sitúa de media en los 572,86 euros, se elevaría un 0,25% hasta los 574,2 euros (+1,4 euros) a no ser se produzca el segundo escenario en el que alguna norma modifique este aumento, donde llegaría a los 9,7 euros, situándose en los 582,5 euros.

Por último, las pagas relativas a la incapacidad permanente, que se sitúan de media en los 970,8 euros, se elevarán 16,5 euros -hasta 987,3 euros- si se aplica el alza del 1,7%, o solo 2,4 euros si de otro modo se aplica el IRP.

El 'decretazo' de la discordia y la no vincualción a la inflación

El momento clave en el que se gestó la incertidumbre que hoy existe en torno a la revalorización de las pensiones del 2020 fue el de la aprobación del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre del pasado año, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En el borrador de este texto, el Gobierno socialista incluyó que la vinculación de las pensiones a la evolución de la inflación se haría de forma permanente, modificando de pleno la actual ley de la Seguridad Social. Sin embargo, en el texto aprobado finalmente se retiró esta cláusula y se cambió por otra que reflejaba la excepcionalidad de las subidas de las pensiones aplicadas para este año, en lo que se instaba a los partidos políticos a encontrar y consensuar una fórmula de revalorización en los foros previstos, como el Pacto de Toledo. Un hecho, que provocó las críticas de Podemos al considerar que el consenso se alcanzó en septiembre en la Comisión para la reforma de las pensiones.

20 de febrero de 2019

LOS BUITRES SOBREVUELAN LA SEGURIDAD SOCIAL


Relaciones Laborales y Experta en Seguridad Social. Comisión Legal COESPE/Modepen

Que si la Seguridad Social no es sostenible, que si las pensiones no pueden subir por IPC, que si cada vez somos más y más mayores, que si no aportamos lo necesario para cubrir todas las prestaciones, … Pero si la Seguridad Social está tan mal e ingresa tan poco, ¿cómo la banca está como buitre en el desierto esperando su recompensa?, ¿cómo es que la patronal apoya medidas que teóricamente no les influyen?


Si alguien tiene un gran interés de que nos creamos que el sistema tiene una deuda, esa es la banca. Ella sí que tiene un gran interés en juego, podríamos decir que tiene en juego 123.584 millones de euros en cotizaciones sociales de trabajadores y empresas que se ingresará la Seguridad Social en el ejercicio 2019. Ese es el tesoro al cual no quieren renunciar y utilizarán toda su influencia política para conseguir su meta.

En la Comisión Europea liderada por la derecha europea están llevando a cabo el Reglamento del Producto Paneuropeo de Pensiones, y en España intentando impulsar desde dentro de la mesa del Pacto de Toledo los famosos EPSV vascos (de los que os contaré otro día) y/o los que todos conocemos como planes de pensiones de empresa, (acuerdos empresariales o sectoriales entre empresas y trabajadores).

Los planes de pensiones de empresa no son más que un descuento en tu nómina mensual que se acumula en una bolsa de ahorro individual que pertenece a cada trabajador. Es decir, cuantías que la empresa restará del salario de los trabajadores, ya enormemente mermado por culpa de la Reforma Laboral del 2012,a la cual no se puede negar pues ha sido marcada según negociación colectiva e introducirá en un Plan de Pensiones gestionado por una entidad financiera que no ofrece ningún tipo de garantía al trabajador/ahorrador pero por el cual las empresas normalmente reciben a cambio algún tipo de bonificación fiscal, y mucho mejor cuanto más apuesten por planes privados de renta variable.

Incluso se ha dado la paradoja, de que la quiebra de dichos productos produce la pérdida total de lo aportado por parte del trabajador y por la contra el lucro, sin escrúpulo, de empresarios y banqueros, como ha sucedido con el caso Maxwell, que en 1995 robo 400 millones de libras de los fondos de pensiones financiados por las empresas de las que era dueño, es decir una bancarrota empresarial lucrativa.

Casos que se ocultan pues no se quiere dar una solución al sistema que no sea la de beneficiar al capitalismo, a los planes de pensiones privados en contra del sistema más seguro que es la Seguridad Social pública donde el Estado es el garante de dichas prestaciones.

Señores políticos, las pensiones no son una deuda, y por ello no generan intereses, no generan déficit, ni hay que devolvérsela a nadie. Las pensiones y prestaciones en un Estado de Bienestar Social son un DERECHO, y como tal Estado Social y democrático no vamos a faltar nunca al art 25.1 de la declaración universal de derechos humanos de (1948): “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, tiene así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independiente de su voluntad “.

Recuerden, que con sus propias normas de juego, ustedes el 27/09/2011, con nocturnidad y alevosía reformaron lo que era irreformable, el artículo 135 de la Constitución Española, donde priorizan ustedes la DEUDA a la ciudadanía, pues bien, si las pensiones son una deuda están incumpliendo su propio 135.3. “Los criterios para satisfacer su pago, gozará de prioridad absoluta “ y estos criterios no podrán ser objeto de enmiendas o modificación…

Esta clase trabajadora está orgullosa de seguir aportando cotizaciones al sistema de Seguridad Social como ente solidario, intergeneracional y público, que debe ser apoyado por los PGE en casos de necesidad y donde de una vez por todas, el artículo que debe ser nuevamente redactado es el artículo 50CE donde diga:

“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones públicas adecuadas y actualizadas anualmente como mínimo, conforme al incremento del coste de la vida, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema público de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda , cultura y ocio”.

AHORA SOMOS LA CIUDADANÍA LOS QUE DECIDIMOS QUE FUTURO QUEREMOS, DERECHOS SOCIALES O PÉRDIDA DE LOS MISMOS.

NOTA DE PRENSA - COMISIÓN PACTO DE TOLEDO


18 de febrero de 2019

EL DÉFICIT EN LAS PENSIONES PÚBLICAS



España necesitará tener 28,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones previstas a esa fecha, lo que supone que en 31 años el sistema tendrá que sumar casi 10 millones de afiliados más de los que hay actualmente, según cálculos de BBVA Research.

El servicio de estudios de la entidad sostiene que, ante el previsible aumento del número de pensionistas, se pueden adoptar tres caminos alternativos.

El primero de ellos consistiría en aumentar la presión fiscal, introduciendo más impuestos o recortando el gasto público en otras partidas presupuestarias.

El segundo pasaría por acometer reformas estructurales para reducir la tasa de paro, aumentar la tasa de actividad y de empleo, y la productividad y los salarios.

La tercera alternativa, expone BBVA Research, es la de fomentar el ahorro complementario, compensando la reducción de la pensión media sobre el salario medio con más ahorro.

En su opinión, todas estas alternativas tendrían efectos más positivos sobre el crecimiento y el empleo cuanto antes se implantara en España, de manera gradual, un sistema de cuentas nocionales/individuales, "permitiendo anticiparse al futuro con decisiones informadas y blindando la pensión mínima" en función de la inflación subyacente y las ganancias de productividad.

BBVA Research sostiene que las cuentas nocionales asegurarían el equilibrio actuarial reduciendo la tasa de prestación de los pensionistas futuros, por lo que se necesitaría un ajuste gradual.

El sistema de cuentas nocionales por el que apuesta el servicio de estudios de la entidad contaría con aportaciones de empresas y trabajadores; sería de contribución definida, como en Suecia y otros países europeos; de reparto y progresivo, y su implantación sería gradual, como en Suecia, donde se tardaron 15 años.

Para BBVA Research, este sistema introduciría transparencia para los futuros pensionistas e incentivaría la demanda y oferta de trabajo y las decisiones planificadas sobre la carrera laboral.

"El sistema actual es menos transparente: apenas se sabe que una cotización del 28,3% del salario no financiaría ni 3,5 meses de la futura pensión", argumenta el servicio de estudios de la entidad.

Déficit de más de 18.600 millones para 2019

Por otro lado, BBVA Research recuerda que el déficit de la Seguridad Social alcanzó en 2018 los 18.937 millones de euros y el acumulado entre 2011 y 2018 es de casi 103.000 millones de euros.

"La sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para financiar este déficit, que equivale a más de 10.650 euros por pensionista", estima el servicio de estudios del banco, que calcula que, con las previsiones de febrero de 2019, el déficit en pensiones en 2019 excederá en un 12,6% el gasto (18.650 millones).

LA BANCA SIEMPRE GANA


EDUARDO BAYONA 17/02/2019

La Sala de lo Civil del Supremo ha evitado imponerle a la banca unas reglas claras para gestionar los ahorros que sus clientes depositan en fondos de pensiones y se ha limitado a establecer que las entidades financieras deben informarles “de manera expresa y con claridad del riesgo que entraña” en caso de fallecer antes de acabar el periodo de cobro tanto el titular como la persona señalada como beneficiaria alternativa.

Sin embargo, el tribunal, cuya Sala Primera celebró un pleno para resolver este asunto, eludió resolver la parte más sustanciosa del recurso que había llegado a su mesa, y que le instaba a fijar una doctrina legal “en materia de percepción de los derechos consolidados por los partícipes de planes y fondos de pensiones”.

¿Y eso qué significa? Básicamente, que ha dejado pasar una oportunidad para aclarar si las aseguradoras con las que los bancos contratan el pago de los planes de pensiones deben cumplir las mismas normas de transparencia que rigen para la banca, para establecer las condiciones de esos contratos, para determinar cómo han de informar a los ahorradores, para poner negro sobre blanco si los herederos de los beneficiarios lo son también del dinero pendiente de cobrar y, también, para despejar las dudas sobre si estos deben recuperar el capital ahorrado, hacerlo con intereses (y cuáles) o si, por el contrario, quedan expuestos a sufrir mermas.

No es la primera vez que el Supremo deja pasar la oportunidad de fallar a favor de los consumidores en asuntos relacionados con la banca. Ocurrió con las cláusulas suelo, cuya retroactividad acabó ordenando el Tribunal de Justicia de la UE; volvió a pasar con la revisión de las hipotecas que poco después las entidades financieras impusieron a sus clientes, que está en manos del mismo órgano comunitario, y, también, con la polémica rectificación con el AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) que acabó corrigiendo el Gobierno vía decreto.

La sentencia llega a seis años vista de la ‘liberación’ de más de 160.000 millones de euros tras el cambio de normas de estos productos que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó hace ahora un año y cuando su rescate se va a acelerar con la jubilación de los ‘babyboomers’.

“El Supremo no ha aclarado qué condiciones de los planes de pensiones son admisibles y cuáles no”, explica Fernando Pozo Remiro, el abogado zaragozano que llevó hasta el Supremo el litigio de tres mujeres que vieron cómo la mitad de los ahorros de su padre se esfumaban como consecuencia de un acuerdo entre Ibercaja y su aseguradora, Caser.

Una operativa demasiado enrevesada

El padre de las tres herederas había ahorrado 36.266 euros en dos planes de pensiones que iba a recuperar en los quince años siguientes a su jubilación en 2003 con sendas rentas mensuales que sumaban 237,45 y para las que señaló como destinataria en caso de muerte a su esposa. Sin embargo, esta falleció en 2008, dos años antes que él.

La sorpresa para sus hijas fue comprobar cómo, pese a que quedaba más de la mitad del dinero por cobrar, Ibercaja les hizo saber que “la renta se extingue totalmente” en caso de fallecer los dos beneficiarios, “cesando automáticamente toda obligación de pago”.

Desconocían que lo que había hecho el banco era, en lugar de ir devolviendo el dinero a su cliente en plazos mensuales, contratar con Caser un seguro en el que figuraban como asegurados, por este orden, el ahorrador y su esposa, y en el que aparecía como “beneficiario” el propio banco. Este último era quien iba a quedarse el “sobrante” tras la muerte de ambos si el Supremo no hubiera entendido que se trataba de algo demasiado enrevesado “para un consumidor medio sin conocimientos específicos sobre planes de pensiones”.

“Sin una explicación e información adecuada no es fácil deducir que se va a concertar un seguro de vida de modo que se requiere la supervivencia del asegurado durante el plazo de quince años para que no se extinga el derecho al cobro de la renta”, señala la sentencia, que añade que “en consecuencia, no puede concluirse que se extinguiera la relación [entre banco y ahorrador] derivada del plan [de pensiones] ni que quedara sustituida por el seguro (…) concertado con un tercero”.

“Al menos tendrán que informar por escrito”

Se trata de una práctica frecuente entre las entidades financieras que quedaba al margen de las exigencias de transparencia y claridad informativa que se les exigen a la hora de comercializar otros productos financieros complejos como hipotecas, créditos de consumo, préstamos ‘swap’ y participaciones preferentes.

Sin embargo, la sentencia del Supremo apenas va a afectar a la operativa de la banca con los planes de pensiones, que han perdido un millón de partícipes en la última década.

“Ahora, al menos, los bancos tendrán que informar por escrito a los clientes de lo que su familia recibirá en caso de fallecimiento”, indica Pozo, que recuerda cómo tanto el juez que inicialmente vio el caso como uno de los magistrados de la Audiencia de Zaragoza dictaminaron que el dinero ahorrado en un plan de pensiones forma parte del patrimonio del cliente.

En este caso, no obstante, las tres hijas del ahorrador fallecido cobrarán los intereses que les correspondían por los pagos que deberían haber seguido recibiendo desde mediados de 2010, ya que así lo determinó el juez de Primera Instancia de Zaragoza que resolvió inicialmente su demanda.

26 de enero de 2019

EL PACTO DE TOLEDO O, EL CUENTO DE TOLEDO



Todos aquellos que confían en que el Pacto de Toledo ofrezca no tardando mucho la solución mágica para el problema de las pensiones puede que estén apunto de llevarse un gran disgusto.

La posibilidad de que se conozcan sus conclusiones el próximo mes de febrero se desvanece según ha advertido hoy el portavoz de Ciudadanos en esa comisión parlamentaria, Sergio del Campo. “Todo está muy avanzado”, pero “no creo que tengamos conclusiones antes del final de la legislatura", ha asegurado en una intervención clausurando unas jornadas de pensiones organizadas por Inverco, la patronal de los fondos de inversión. “Es difícil que lleguen antes de las elecciones”, ha reconocido.
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Recomendaciones

Serán genéricas en los temas conflictivos
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Pero el retraso en las conclusiones no es el único nubarrón que acecha. “A estas alturas ya sabemos que hay posiciones en las que no es posible que todos los grupos nos pongamos de acuerdo”, ha asegurado el portavoz del partido de Albert Rivera.

“Por eso, hay que trabajar una redacción genérica en la que todo el mundo se sienta cómodo” ha ha asegurado, al tiempo que también cree que las soluciones genéricas “no llegan a nada”. Es decir, en aquellas decisiones más controvertidas el Pacto de Toledo llegará a una solución de mínimos que contente a todos.

Durante su intervención Del Campo ha sido muy crítico con la evolución de los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo. Asegura que “no está haciendo los deberes” porque no se está abordando el problema de las pensiones con eficiencia.

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"El Pacto de Toledo se está quitando el marrón de encima”

SERGIO DEL CAMPO Portavoz de Ciudadanos en el Pacto de Toledo
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“Se está quitando el marrón de encima”, ha asegurado. En su opinión, los políticos se están centrando en exceso en la suficiencia de las pensiones para contentar a los actuales pensionistas que demandan unas pensiones más justas.

Según Del Campo, no se están abordando adecuadamente el verdadero problema de sostenibilidad de un sistema que actualmente tiene un déficit de 19.000 millones, pero que tiene que ser suficiente como para responder a las necesidades de los 19 millones de contribuyentes que en el futuro serán pensionistas. “La solución no está en decir que aquí no pasa nada”, ha asegurado el político, quién ha reconocido que cuando en Navidades se leyó las recomendaciones que habían redactado hasta ese momento tuvo la sensación de que “todo era muy continuista”.

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Reformas

Se trabaja sobre la reforma de 2011
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Del campo también ha reconocido que desde el Pacto de Toledo se da por aniquilada la reforma de 2013. “que se hizo sin ningún consenso” y que se trabaja por profundizar en las medidas tomadas en 2011. Pero ha insistido en que es necesario que cualquiera de las medidas que finalmente se propongan tiene que está enfocadas a cambios que afecten a los pensionistas futuros, para que tengan margen de maniobra. “No se puede permitir que a la gente que ya se ha jubilado, se le diga que en 20 o 30 años se le va a recortar la pensión un 20% habiendo otras posibilidades, porque desde el punto de vista social es insostenible, aunque desde el punto económico sí lo sea”.

Y ha vuelto a recordar que el Gobierno tienen pendiente un ejercicio de transparencia desde 2011 informar individualmente a los ciudadanos de cómo quedarán sus pensiones en función de lo cotizado cada año.

23 de enero de 2019

SE CONVALIDA EL DECRETO DE SUBIDA DE LAS PENSIONES



El Gobierno ha logrado convalidar el 'macrodecreto' que aprobó a final de año con numerosas medidas laborales y sociales y que incluía también la revalorización de las pensiones para este 2019, del 1,6% de manera general y del 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Lo hace con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto del PP y Ciudadanos, que se han abstenido. Unidos Podemos ha votado finalmente 'sí' tras lograr dos concesiones del Ejecutivo: un aumento de la pensión mínima por incapacidad permanente total y la bonificación de parte de las cotizaciones sociales de los trabajadores agrarios en los periodos de inactividad.

La ministra de Trabajo, Migraciones y de la Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha pedido a los grupos parlamentarios el apoyo al real decreto-ley por la "necesidad" y "urgencia" de que varias de las medidas que recoge estuvieran en vigor desde el 1 de enero. Además de la subida anual de las pensiones, el decreto incluye el aumento de protección social de los trabajadores autónomos, la prórroga del Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) y de la 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones (por un año), entre muchas otras medidas.

Una de las principales razones para apoyar el decreto, ha defendido Valerio, ha sido evitar la subida del 0,25% de las pensiones en enero, dado que la reforma del PP de pensiones sigue vigente. Aunque el diputado del PP Carlos Floriano ha afirmado que podrían haberse incrementado igualmente un 1,6%, por estar plasmado este alza en los Presupuestos de 2018, la ministra ha negado esta posibilidad al estar recogida en una disposición adicional (cuyo contenido no se prorroga como el articulado de las cuentas públicas).

El PP se ha abstenido debido a sus diferencias con varias medidas incluidas en el 'macrodecreto', como la supresión del contrato estrella de Rajoy de "apoyo a emprendedores" y el complemento salarial para jóvenes que acordó el Ejecutivo del PP con Ciudadanos. Floriano ha criticado al Gobierno por "mezclar" la subida de pensiones con otras medidas de política laboral en un mismo decreto, que ha atacado por ir en contra del empleo "de las mujeres y los jóvenes".

El diputado del PP también ha arremetido contra Ciudadanos, que había anunciado que votaría a favor del real decreto-ley "con la nariz tapada", en palabras de su diputado Sergio del Campo. Aunque se pronunciaban en contra de la eliminación del complemento salarial para jóvenes y el retorno de la jubilación forzosa por convenio, había otras medidas que justificaban el apoyo de Ciudadanos al decreto. Pero, en el momento de la votación, los parlamentarios del grupo de Albert Rivera también se han abstenido.

El resto de grupos ha votado a favor de la convalidación del decreto, que se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia. Este trámite parlamentario ha sido requerido por varios grupos en sus intervenciones, como PDeCAT, PNV y ERC, para poder introducir modificaciones en las cuestiones que no convencen a los grupos parlamentarios.

Unidos Podemos vota 'sí' a cambio de concesiones

Unidos Podemos advirtió la semana pasada al Gobierno socialista de que no contaba con su apoyo garantizado debido, sobre todo, a una medida: el límite en la cuantía mínima de la pensión por incapacidad permanente total que incluyó el real decreto-ley, al quedar desvinculada del salario mínimo.

La norma desvincula del SMI la pensión mínima para estos trabajadores. Solo estaba referenciada al salario mínimo en los casos de incapacidad debido a una enfermedad común, en aquellos trabajadores menores de 60 años y con cónyuge (pero no a cargo). El Gobierno incluyó en el decreto que la cuantía mínima se fije cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado, y no conforme al 55% de la base mínima –que coincide con el salario mínimo– como estaba regulado hasta el momento.

El Ejecutivo justificó la modificación porque, con fuertes incrementos del SMI, "como el acaecido en 2019, hace que superen la cuantía de la prestación con cónyuge a cargo".

Aumento de 78 euros al mes

Finalmente, en la negociación de los últimos días el Gobierno y Unidos Podemos sobre la convalidación del real decreto-ley han acordado mantener esta nueva manera de fijar la cuantía mínima (los Presupuestos), pero en este ejercicio la pensión mínima aumentará un 22%, lo mismo que si hubieran seguido ligadas al salario mínimo interprofesional.

Por ello, la diputada de Unidos Podemos Yolanda Díaz (En Marea) ha defendido que su grupo parlamentario votaba sí "con satisfacción". "Cuando hacen las cosas bien, estamos con ustedes", ha apuntado Díaz, "pero si se ponen de parte de los fondos buitre como en la vivienda, les vamos a decir que no".

El acuerdo entre las partes, al que se ha referido la ministra Valerio en su intervención en la tribuna, ha sido firmado por las diputadas Yolanda Díaz y Mercè Perea, la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo. 

La cuantía mínima se incrementa en 78 euros al mes: queda fijada en los 495 euros al mes, frente a los 417 euros mensuales aprobados, para los beneficiarios de la pensión por incapacidad permanente total con cónyuge que no esté a su cargo. Para los trabajadores con cónyuge a cargo y aquellos que viven en hogares unipersonales la cantidad mínima es algo mayor: 499,4 euros al mes, en lugar de los 421,4 euros aprobados.

La modificación tendrá que esperar, ya que Unidos Podemos y el Gobierno han acordado que se incluya en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado. La misma vía se utilizará para la bonificación de parte del aumento de la cuota a la Seguridad Social de los trabajadores agrarios en los periodos de inactividad. Díaz ha explicado que la ayuda tiene como objetivo que el incremento del salario mínimo no impacte tanto sobre los jornaleros.

Subida a los funcionarios

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado también este martes por mayoría absoluta el real decreto-ley por el que se aprueba la subida de al menos un 2,25% de la retribución de 2,5 millones de empleados públicos para el ejercicio 2019, cifra a la que podrá sumarse un 0,25% ligado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. La medida será tramitada como proyecto de ley, con lo que abre así la puerta a que los grupos puedan introducir cambios en la norma.

En concreto, el real decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público ha salido adelante con 343 votos a favor de todos los grupos, un voto en contra (Marta Sibina de Unidos Podemos) y dos abstenciones (los diputados de Podemos Txema Guijarro y Gloria Elizo). Además, el Pleno ha votado, con 346 votos a favor y uno en contra, tramitar el decreto como proyecto de ley.

La ministra de Función Pública y Política Territorial, Meritxell Batet, ha explicado que la subida salarial definitiva de los empleados públicos es "de justicia" y se fijará por acuerdo en un Consejo de Ministros para desplegar sus efectos a partir del próximo 1 de julio. Desde la oposición, han respaldado el real decreto-ley, pero varios grupos, como PP, Ciudadanos o Compromís, han pedido mejoras para los funcionarios de Prisiones.